Anterior copresidente de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos locales y Regionales (CGLU) considera que en las ciudades debe primar el transporte público y el peatón sobre el carro particular. Recomienda planes ambiciosos que garanticen continuidad.
El quinto congreso de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos locales y Regionales (CGLU) se llevará a cabo en Bogotá. Más de 3.000 delegados de 1.000 ciudades visitarán el próximo año la capital para discutir temas relacionados con participación ciudadana, calidad de vida, sostenibilidad medioambiental y transporte. Fundada en 2004, la CGLU es una organización que busca el reconocimiento de los gobiernos locales, así como el diálogo entre ciudades para la resolución de problemas globales, como la adaptación al cambio climático.
Paco Rosendo Moncayo fue copresidente de la CGLU, alcalde de Quito (Ecuador) entre 2000-2009 y hoy es una de las voces más relevantes cuando se plantea el debate sobre el futuro de las ciudades latinoamericanas. Estuvo en Bogotá la semana pasada para dialogar sobre participación local.
Tocó temas transversales como la movilidad sostenible, la recuperación de centros históricos y las políticas para recuperar a la población que habita en la calle. En diálogo con El Espectador, el exalcalde resaltó la importancia de los consensos políticos para crear proyectos de ciudad, la necesidad de privilegiar las visiones técnicas antes que las políticas y la importancia del transporte sostenible.
En Quito, como en Bogotá, se ha presentado un álgido debate por la construcción de un metro pesado. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Cada ciudad tiene sus propios problemas. Quito ha solucionado muchos de ellos, pero el transporte y la seguridad vial siguen siendo grandes problemas. Cuando yo comencé la alcaldía había 140.000 coches y cuando salí ya eran 400.000. El tema de transporte es fundamentalmente técnico, pero tiene enormes efectos políticos. Muchas veces una mega obra genera grandes expectativas, prestigio. Nosotros hicimos un plan de movilidad humana sustentable, en donde privilegiamos a los peatones, ciclistas y vehículos de transporte público. Cuando yo estuve como alcalde el metro ligero era la solución aconsejada, ahora están buscando el financiamiento para los 24 kilómetros del metro pesado, que va a mejorar el tráfico en una tercera parte, pero no es la solución para todos los problemas de transporte en Quito.
¿Hubo una apuesta por desincentivar el carro particular?
La prioridad fue la movilidad humana: las bicicletas, el transporte público, el peatón. En el mundo hay una tendencia cultural de darle prioridad al carro particular y, que yo sepa, en ningún país el carro particular es el modo masivo de transporte. Hay que entender que el sistema de tránsito y transporte es como el sistema circulatorio del cuerpo humano, por eso se habla de arterias principales. En ese sentido, si las arterias no están limpias, al cuerpo humano le da un infarto. Se deben tener en cuenta desde las vías más pequeñas hasta las más grandes y del transporte más pequeño hasta el masivo, ya sea trolebús o Transmilenio. Eso sí, el transporte debe ser concebido desde une posición solidaria: pensar en los trabajadores que deben hacer tres o cuatro transbordos para llegar a sus casas, en las personas con discapacidad…
¿Cuáles fueron los avances qué presentó su administración?
Cuando llegué había una terminal terrestre y una terminal área en el centro de la ciudad. Cuando salí de la Alcaldía quedó una red de terminales interprovinciales y una red de trolebús. El aeropuerto lo construimos a media hora de la ciudad. Cumplimos el plan técnico que prometimos.
Su administración es recordada por la intervención humanitaria en el sector de La Ronda, ¿Cómo la desarrolló?
El centro histórico en general estaba ocupado por casi 10.000 vendedores estacionarios, explotados por mafias que les arrendaban un pedazo de terreno en el que trabajaban. Logramos reubicarlos a todos en 12 centros comerciales sin la necesidad de utilizar a la fuerza pública. Fue una negociación con 98 asociaciones. La Unesco nos condecoró con la medalla de oro Simón Bolívar por este programa.
Eran muchas asociaciones, ¿Cómo logró construir esos acuerdos?
No se favoreció a ningún vendedor. Cuando asignábamos los locales utilizamos la tómbola: si le salía el número A 37, ese sería su local. No digo que haya sido fácil, porque las mafias siempre quisieron boicotear el proceso. Construir 12 centros comerciales implicó una inversión fuerte, pero no se les regalaron los puestos, pusimos créditos blandos, plazos convenientes, para que ellos accedieran.
¿Hubo críticas por el presupuesto invertido para este programa?
En mi administración me empeñé por bautizar a Quito como la ciudad de la palabra, donde no hay una verdad oficial a la cual todo el mundo debe adherirse, donde no hay verdades hechas, sino que se construyen socialmente. Es una ciudad capaz de tomar consensos, acuerdos y de resolver los problemas no con la sabiduría de alguien que está en la alcaldía, sino la sabiduría de los propios ciudadanos. Le doy un ejemplo: para el planificador urbano, con PhD y demás, la solución muchas veces es una sola. Cuando participa el barrio la visión de planificación cambia. Se trata de formar acuerdos.
¿De lo que desarrolló qué se puede aplicar en la zona del 'Bronx'?
No hay recetas. Cada ciudad está condicionada con la realidad que enfrentan. Nosotros no tuvimos un caso grave de micro tráfico. En relación a los habitantes de la calle hicimos un programa para que se rehabilitaran. Construimos ancianatos, centros de recuperación para rehabilitación y centros para niños que habitaban y trabajan en la calle. Aunque poníamos a su disposición psicólogos, odontólogos, dormitorios, alimentación, algunos estaban acostumbrados a mendigar y era necesario volverlos a conquistar. Es importante que en Bogotá estén invirtiendo en estos centros de alojamiento y de servicios para los habitantes de la calle. Bogotá Humana no puede llevar ese adjetivo tan hermoso si no se preocupa por esas personas.
También hubo una apuesta por recuperar patrimonialmente el centro histórico…
Quito tiene 5.000 bienes patrimoniales que estaban en completo deterioro. El hospital militar, por ejemplo, era una especie de barrio, se lo habían tomado. El hospital Eugenio Espejo, también. Usted vía hospitales patrimoniales incendiados o siendo ocupados para consumos de drogas. Tuvimos que recuperarlos, por suerte muchos no se habían tumbado ni se habían cambiado por los edificios horribles de los ochenta que significaban modernidad.
¿Cómo se articulan estas apuestas con las aspiraciones de la ciudadanía?
Las apuestas no fueron mías, fueron de Quito. Lo importante de estas grandes apuestas es que no sean de una sola persona o de un solo partido. Nosotros hicimos el Plan Equinoccio 21 con proyección al año 2025. Este plan lo construyeron 1.500 personas; había representantes de gremios, sindicatos, iglesias, barrios. Fue un plan socialmente construido. Se deben buscar acuerdos fundamentales, más allá de la izquierda o la derecha.
¿Cómo fue la relación con el ejecutivo?
El territorio no es neutro, es un espacio de encuentros. Yo siempre digo que las competencias del gobierno nacional, provincial y distrital son como manchas que se mezclan en el territorio. Tiene que haber acuerdos en los tres niveles de gobierno. Por principio de subsidiariedad, las cosas deben hacerse para el bien común, lo más cerca de la gente. Si se chocan y se anulan los esfuerzos, es botar la plata. Felizmente no tuve problemas en ese sentido.
¿Cómo evitar que la participación ciudadana termine en clientelismo?
La participación ciudadana tiene varios riesgos. En Ecuador se cometió en un error monumental, porque la participación ciudadana se convirtió en una función del Estado. Esa función ya no es ciudadana, porque son funcionarios con sueldos del Estado. El partido o movimiento que está en el poder tiene una enorme influencia y se pierde la participación ciudadana. Hay que tener mucho cuidado con el encuadramiento, es decir, cuando desde el poder se comienza a organizar grupos en los barrios afines a la ideología para que respalden la autoridad. Eso no es participación ciudadana. No lo es tampoco el populismo y el clientelismo. Es importante que existan veedurías ciudadanas, que sean intermediarias entre la autoridad y la sociedad. Veedurías, observatorios, consejos comunales, válido, pero que no estén afiliados a partidos políticos.
Source: www.elespectador.com