Atraviesen o no las fronteras de un país, los flujos de movilidad humana convergen esencialmente hacia las zonas urbanas. Aunque las ciudades y gobiernos locales carecen de reconocimiento y competencias en materia de políticas migratorias, es sin embargo la administración local la que ha de garantizar la cohesión social y el derecho a la ciudad. Ambos objetivos están estrechamente vinculados a la gobernanza local de las migraciones y, en concreto, a la capacidad de las ciudades de ayudar a los grupos vulnerables a derribar las barreras que les impiden el acceso a servicios básicos, la protección de sus derechos y condiciones de vida dignas.
Las agendas globales han asumido de manera creciente que sus objetivos en materia de desarrollo y bienestar difícilmente se cumplirán sin abordar en ellas la condición de las personas migrantes y desplazadas. Además de prestar una atención particular a los migrantes en los ODS 10 y 11 y en la Nueva Agenda Urbana, la comunidad internacional aprobó en diciembre de 2018 el primer Pacto Mundial sobre Migraciones.
El Pacto Mundial sobre Migraciones marca un avance en la gobernanza mundial de la migración con una propuesta de marco y valores comunes a la hora de definir las políticas nacionales de migración. En particular, su enfoque basado en los derechos y en la implicación de todos los niveles de gobierno permite avanzar en el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas migrantes, así como en la implicación de las autoridades locales en la gobernanza de la migración.
No obstante, los gobiernos locales deben implicarse en este proceso e incidir en él para el reconocimiento pleno y formal de su papel en la puesta en práctica, seguimiento y revisión del Pacto Mundial.
En este contexto, CGLU incide a nivel mundial, visibilizando y acompañando la acción de los gobiernos locales en la gobernanza de la migración desde tres ángulos que se retroalimentan:
-
El recién establecido Mecanismo de Alcaldes constituye una herramienta de diálogo entre los Estados y los gobiernos locales y regionales en el marco de la implementación del Pacto Mundial sobre Migraciones. CGLU es miembro del Comité Directivo del Mecanismo de Alcaldes, conjuntamente con la OIM y OSF.
El Mecanismo incorporará el Foro de Alcaldes sobre Movilidad Humana, Migración y Desarrollo como espacio consultativo de autoridades locales en el marco de Foro Mundial para Migración y Desarrollo (GFMD).
Leer el informe del 5º Foro de Alcaldes sobre Movilidad Humana, Migración y Desarrollo aquí.
-
El creciente interés de los miembros de CGLU y el flujo de actividades relacionadas con la gobernanza de la migración llevaron el Bureau Ejecutivo (Madrid, noviembre de 2018) a adoptar la creación una Comunidad de Prácticas de Migración para capitalizar y difundir el trabajo de la organización y sus miembros sobre la gobernanza de la migración.
La Comunidad de Práctica sobre Migración explora formas de implementar el Pacto Mundial para la Migración a nivel local mientras enriquece el trabajo del Consejo Político sobre el Derecho a la Ciudad. Los objetivos específicos son los siguientes:
-
Proporcionar argumentos y análisis técnicos para apoyar el trabajo del Consejo Político sobre el Derecho a la Ciudad y generar mensajes políticos para que la voz de las autoridades locales y regionales sea escuchada sobre el tema;
-
Facilitar el aprendizaje y la transferencia de conocimientos y prácticas entre las ciudades sobre el tema de la migración;
-
Acompañar a los miembros en la implementación y seguimiento del Pacto Mundial.
-
Iniciado en 2015 conjuntamente a ICMPD y ONU-Habitat, el proyecto MC2CM apoya el desarrollo políticas urbanas más abiertas e inclusivas que permiten proteger y promover los derechos de los migrantes para el beneficio del conjunto del territorio. El proyecto es un laboratorio práctico que permite a las ciudades intercambiar sus experiencias y compartir buenas prácticas favoreciendo la cohesión social.
En la segunda fase de este proyecto (2018-2021), el objetivo es alimentar el diálogo político sobre el Derecho a la ciudad a través del contacto directo con las experiencias, prácticas y necesidades de una veintena de ciudades euro-mediterráneas. Las recomendaciones y evidencias que derivan del proyecto nutren las discusiones y trabajos tanto de la Comunidad de Práctica, concebida como un foro de intercambio de experiencias locales en el ámbito de las migraciones, como del Consejo Político del Derecho a la Ciudad.
