Los miembros de CGLU implicados en el proyecto Perfiles y diálogo del fenómeno migratorio entre ciudades del Mediterráneo (MC2CM) se reunieron en Madrid para compartir sus retos, conocimientos y soluciones acerca del empleo a escala local para migrantes y refugiados. Esta segunda reunión entre pares del proyecto MC2CM se centró en el papel de los gobiernos locales para mejorar las oportunidades de los migrantes y los refugiados para el empleo y la iniciativa empresarial.
Función clave de los gobiernos locales en la inclusión socioeconómica de los migrantes
Durante dos días las ciudades de Amán, Beirut, Lisboa, Lyon, Madrid, Tánger, Túnez y Viena mantuvieron debates técnicos con los representantes de la Comisión de Inclusión Social de CGLU, el Grupo de Trabajo sobre Migración y Codesarrollo de CGLU, la Asociación Sueca de las Autoridades Locales y Regionales y la Organización Internacional del Trabajo (ILO) para aprender de los demás acerca de las iniciativas de las autoridades locales sobre la inclusión de los migrantes en las actividades laborales.
El evento destacó diversos ejes en los cuales los gobiernos locales pueden ejercer una función importante en temas laborales, incluso si esta suele encontrarse fuera de su competencia directa. En particular, los participantes recordaron que las administraciones de las ciudades suelen ser una fuente de empleo importante a escala municipal, pero que también realizan la función de proveedores. De este modo, las autoridades locales pueden incluir medidas para la inclusión de los migrantes en el mercado laboral en sus propios procesos de contratación, así como crear normativas específicas anti‑discriminación que pueden establecerse en sus procedimientos de aprovisionamiento públicos.
Además, las ciudades desempeñan un papel importante en la intermediación entre las personas desempleadas y las empresas locales. Esto se ejemplificó en la visita guiada que ofreció al Ayuntamiento de Madrid. En ella, los participantes descubrieron la estrategia de la Agencia para el Empleo de Madrid y cómo trabaja para la inclusión de los grupos vulnerables (incluidos los migrantes) en actividades laborales a través de distintos pasos: un análisis de las oportunidades de empleo a escala local, formación, evaluaciones personales e intermediación con empresas para acompañar todo el proceso. Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer a los 12 monitores de desarrollo local que trabajan en el centro de Madrid para mejorar la cohesión social, el entorno y la interculturalidad, los cuales demostraron la gran importancia de la creación de empleo para la sostenibilidad en las ciudades, así como para su desarrollo personal.
Todos estos elementos se destacaron en el discurso de la OIT, que hizo hincapié en el papel de las ciudades para la protección de los derechos de los trabajadores, del derecho de adhesión o creación de sindicatos y del fomento de políticas no discriminatorias. Asimismo, las ciudades deberían implicarse más en la armonización de las políticas laborales y migratorias, así como desempeñar una función más importante en la economía local, identificando los futuros sectores de crecimiento económico y organizando los recursos humanos y la formación necesaria para conseguir estos retos.
A este respecto, la experiencia sueca Fast Track ilustró perfectamente cómo una mejor coordinación entre las distintas instituciones (nacionales, regionales y locales), el sector privado y los representantes sociales puede reducir el plazo de inclusión de los recién llegados en actividades laborales identificando sus propias competencias y las necesidades de los distintos sectores a fin de proporcionarles formación específica (técnica y de idioma). Normalmente, los migrantes carecen de recursos en estas áreas y es fácil que caigan en el sector informal para cubrir sus necesidades básicas.
Retos comunes e inminentes de las ciudades
La economía informal se definió como un reto clave para las ciudades, ya que normalmente conduce a varios tipos de conflicto. En especial, se comentó el caso de los vendedores ambulantes: práctica comercial desleal (contribuyentes frente a vendedores informales), uso de los espacios públicos (plazas, aceras, etc.), protección social y de los derechos de los proveedores, mayor ilegalidad cuando los productos comercializados son falsificaciones, etc. Los participantes propusieron distintas soluciones basadas en su propia experiencia, por ejemplo: proponer y legalizar puntos de venta para trabajadores irregulares, ayudar a los vendedores ambulantes a organizar cooperativas para controlar mejor los productos que venden y formalizar su actividad, buscar empleos alternativos (en Beirut y Túnez, la clasificación selectiva se ha convertido en una oportunidad para abordar los problemas medioambientales y crear puestos de trabajo para los grupos más vulnerables), etc. El denominador común entre todas las propuestas fue asegurar la legalidad de la actividad y proteger los derechos de los trabajadores.
De este modo, los participantes estuvieron de acuerdo en el importante papel que los gobiernos locales pueden y deben desempeñar en la inclusión de los migrantes en el mercado laboral, incluso si las administraciones de las ciudades no poseen ningún mandato directo sobre esta cuestión. Tal y como se debatió en la reunión de Lisboa, el empleo es un paso básico tanto para la inclusión como para la cohesión social y, por lo tanto, las administraciones locales deberían facilitar la inclusión de los grupos vulnerables, incluidos los migrantes, en el mercado laboral. Todos los participantes reconocieron que la migración es un fenómeno que se nota en sus ciudades y que se incrementará de forma exponencial en los próximos años. Por ello, una gestión sostenible debería ayudar a la inclusión de los migrantes que llegan, previniendo la exclusión y valorando mejor sus capacidades.
Sin embargo, en esta tarea, los gobiernos locales deberían contar con el apoyo de las instituciones nacionales e internacionales, en especial en la armonización de la legislación laboral y migratoria, el traspaso de competencias y la dotación de capital financiero y humano para poder proteger los derechos de los migrantes y asegurar su inclusión.
El proyecto MC2CM, financiado por la Comisión Europea, está liderado por el ICMPD en cooperación con CGLU y ONU-Hábitat. Se inició en febrero de 2015 y durará tres años.
Si desea obtener más información sobre el proyecto, póngase en contacto con Lamine Abbad, en el Secretariado Mundial de CGLU: [email protected]