Fuente: Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
Entrevista a Josep Roig, Secretario General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, para el Monográfico de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras sobre “Ciudad, Inclusión Social y Educación”
1. ¿Podría explicarnos cuáles son los principales objetivos de CGLU?
El objetivo de CGLU es ser la representación mundial de los gobiernos locales y regionales, promoviendo sus valores, objetivos e intereses ante la comunidad internacional, a través de la cooperación entre los mismos.
2. CGLU defiende el “Derecho a la ciudad”. ¿En qué consiste ese derecho?
Efectivamente, en los últimos años los miembros de CGLU han incorporado en su acervo el concepto de “derecho a la ciudad”. Desde nuestro punto de vista, este derecho persigue instaurar un nuevo modelo político y cultural para erigir el territorio local como espacio de construcción colectiva y disfrute de los derechos de ciudadanía. En otras palabras, concebimos el derecho a la ciudad como una herramienta para la construcción de ciudades democráticas, sostenibles, justas y humanas que permitan un aprovechamiento equitativo y sostenible de los recursos, , servicios y oportunidades que ofrecen los territorios urbanos.
En el año 2011, CGLU se posicionó de forma clara a favor de este paradigma con la adopción de la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, un texto que fue elaborado por miembros reunidos en la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos.
La Carta-Agenda persigue animar a los gobiernos locales a diseñar políticas públicas que contribuyan a materializar el derecho a la ciudad en sus territorios. En este documento, el derecho a la ciudad se traduce en el respeto, protección e implementación de un conjunto de derechos (a la democracia participativa, a servicios públicos básicos de proximidad, a la vivienda y al domicilio, a la igualdad de género, al desarrollo urbano sostenible, etc.) a través de políticas públicas locales elaboradas en estrecho diálogo con la sociedad.
El valor añadido del texto y aquello que lo diferencia de documentos anteriores (como, por ejemplo, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad) reside en que cada uno de estos derechos está acompañado por una propuesta de plan de acción que persigue ayudar a los gobiernos locales signatarios a traducir los compromisos jurídicos en programas o políticas municipales.
3. En un contexto de globalización y acentuación de las desigualdades sociales, ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan hoy las ciudades? ¿Existen recomendaciones de CGLU en el impulso de la lucha contra la desigualdad?
En lo concerniente a las desigualdades y a la exclusión social, resulta preocupante la carencia de acceso de grupos vulnerables a los derechos básicos de ciudadanía (derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales).
A lo largo del año 2008, los miembros deCGLU debatieron a fondo todas estas cuestiones y adoptaron el documento Por un mundo de ciudades inclusivas en donde se propone que las políticas de inclusión social estén en el centro de la agenda de los gobiernos locales, junto con los recursos humanos, infraestructurales y financieros que se requieran para su desarrollo.
4. Una de las comisiones de trabajo de CGLU es la de Inclusión Social, ¿Cuáles son los principios y las políticas que deben caracterizar una ciudad inclusiva? ¿Qué dimensiones debería tener?
En el documento que mencionaba, Por un mundo de ciudades inclusivas, identificamos cuatro principios fundamentales para la construcción de ciudades más cohesionadas: que las políticas sociales constituyan una política global, es decir, que sean una prioridad para el conjunto de gobiernos locales del mundo; que persigan la afirmación de derechos, es decir, que no se conciban como políticas de carácter asistencialista; que contribuyan a la promoción de la diversidad; y, por último, que contribuyan a impulsar la democracia local y una ciudadanía activa.
Respecto al tipo de políticas que permiten avanzar hacia esta dirección, hay que señalar, ante todo, que el abanico es muy amplio porque luchar contra las desigualdades sociales exige incidir en varias dimensiones: social, económica, política, cultural, relacional, digital, generacional, de género.Sin voluntad de ser exhaustivo, mencionaría las políticas de reducción de la pobreza, de generación de empleo y renta; políticas de promoción de la salud y la autonomía personal; de atención a la dependencia y apoyo a las familias; de conciliación entre los tiempos de trabajo remunerado, los tiempos de cuidado y crianza, y los de ocio; de protección a la infancia y a las personas mayores frágiles; de democratización el acceso a la cultura, la información y la formación permanente; políticas urbanísticas basadas en las relaciones de proximidad y en una movilidad accesible y sostenible mediante transporte público de calidad; políticas de fortalecimiento de la democracia y de una ciudadanía crítica, participativa y corresponsable; políticas de rehabilitación integral de los barrios que doten a las zonas urbanas más desfavorecidas de espacios y equipamientos públicos de calidad, entre otros.
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